La
política pública -de cualquier Estado- se establece con el criterio del bien
común. Por ende, es imprescindible crear una estrategia gubernamental a partir de
las necesidades de todos los grupos de una sociedad determinada, a quienes van
dirigidas estas acciones.
Pero
cuando se elimina el “bien común”, como premisa clave de la política pública,
porque no se toma en cuenta las necesidades básicas de todos los grupos de una población;
se crea una política perversa que condena a los ciudadanos a morir de hambre. Se
construye una política particular para beneficiar a un sector definido, una
política de orden mezquino que enriquece de forma exponencial al grupo
beneficiado y empobrece hasta aniquilar a los otros sectores.
Para
el funcionamiento, en el plano financiero de las políticas públicas, se usan los
recursos que se adquieren de la administración del Estado. Es decir, de los
impuestos u obligaciones tributarias que impone una sociedad a sus miembros
para que la misma pueda continuar en el tiempo. Por eso, la política pública
debe tener como premisa fundamental la inclusión; a saber: salud, educación,
seguridad alimentaria, entre otras para todos.
Sin
embargo, esta relación de política pública más el bien común es una incongruencia
que persiste muchos países; véase América Latina o los llamados del tercer
mundo, porque el dinero para que funcionen las sociedades se extrae del
ciudadano, pero la política pública está orientada a beneficiar a un sector en
particular. Como sucede con las transnacionales que se posicionan en los países
o los sectores económicos como banqueros, comerciantes, hoteleros, comerciantes
de la fe y otros advenedizos del bien común. En ese sentido, el ciudadano de a pie es despojado
en todos sentidos dentro de la ética del arribista que tienen estos miembros de
la sociedad.
Por
eso, mi tesis fundamental es que los actos de corrupción de altos funcionarios son
crímenes de lesa humanidad. Ya que la política pública está orientada a
beneficiar a un sector, financiada por toda la sociedad como lo hemos expresado
y encima los funcionarios “electos popularmente” se convierten en delincuentes
rapaces al apropiarse de forma ilícita de los recursos restantes y muy
limitados para la población.
En
el caso de nuestro país, el ex presidente Otto Pérez y la ex vicemandataria
Roxana Baldetti o el pastor Cash Luna -quien
aceptó dinero sucio de la corrupción-, o el hotelero Carlos Enrique Monteros
Castillo son los ejemplos puntuales de esta tesis. Por eso, la sociedad -usted
y yo querido lector- los debemos considerar como criminales que le han hecho
daño a la humanidad y como tales deben ser tratados como lo que son:
delincuentes y cada día de sus mezquinas vidas deben hacer acciones nobles para
tratar de redimir su egoísmo; al menos lavar baños en las prisiones o coser ropa
para los sectores que ellos, con sus acciones viles, terminaron de dañar.
NO
más privilegios para los corruptos y si el cómico que tenemos por presidente
les hace una prisión especial, en vez de orientar los recursos del país para
que todos los habitantes tengan una vida digna, él también -el señor Morales-
debe estar preso desde ahora. Estas
acciones y sus desorientadas políticas públicas están cometiendo, nuevamente,
crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, nos debe parecer deleznable tener
que soportar -como población- una política pública orientada a beneficiar a sus
compinches militares y luego de cuatro años esperar para que sea juzgado como
el criminal que es desde ya.
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